Antecedentes de la Guerra del Pacífico
La historiografía tradicional de Chile releva las causas jurídicas y geopolíticas como origen de este conflicto. Otra línea explicativa ha sido formulada por los historiadores Luis Ortega, Héctor Ardiles, Thomas F. O'Brien, Luis Vitale, Manuel Ravest Mora y Armando de Ramón.
Ellos han resaltado la importancia de las causas económicas en el desencadenamiento del conflicto: el papel que jugaron los empresarios y/o políticos chilenos, la crisis económica que acaecía en el país, y los intereses en torno a la riqueza minera existente en el litoral de la zona norte, territorios pertenecientes a Perú, Bolivia y Chile.
En 1875 la economía chilena experimentó la primera crisis económica en su historia independiente. La depresión mundial de 1870 causó el prolongado descenso de precios de los productos primarios que Chile exportaba y la Guerra del Pacífico se transformó en una salida (Cfr. Ortega, 2005).
El enfrentamiento fue impulsado por un segmento de la elite política y empresarial, que presionó al gobierno chileno, manejó la prensa y movilizó a las masas para que el conflicto condujera inevitablemente al estallido de la guerra e incorporara territorios ricos en salitres a la soberanía chilena (Cfr. Ortega, 1984).
Impuesto conflictivo: causa coyuntural
El 14 de febrero de 1878, la Asamblea Nacional de Bolivia acordó establecer un impuesto de 10 centavos por quintal métrico a las exportaciones de salitre efectuadas por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta.
Este hecho desencadenó el conflicto, porque a juicio de las autoridades chilenas y de los accionistas de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, la ley contravenía el tratado de límites de 1874, que ratificaba como frontera entre Chile y Bolivia el paralelo 24, y en su artículo IV disponía que en ese territorio "las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones [...] que a las que al presente existen", por un período de 25 años.
Con este argumento, la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, encabezada por su gerente y accionista George Hicks, se negó a cancelar este tributo, reclamó ante el gobierno de Bolivia y pidió la intervención de Chile.
En abril de 1878, el ministro plenipotenciario en La Paz, Pedro Nolasco Videla, logró la suspensión temporal de la ley. Aún así, el 8 de noviembre el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Fierro, entregó una nota al gobierno boliviano en la que manifestaba que el proceder de Bolivia podía conducir a la abrogación total del tratado de 1874.
Fierro advirtió que el escenario se tornaba altamente peligroso y hacía factible la ocupación de Antofagasta debido al incremento de la población y las inversiones chilenas en la ciudad (Cfr. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores 1879, anexos, pp. 45-46. En: Ortega, 2005: 438).
En el ámbito local, Hicks personificó el espíritu beligerante del conflicto. Su correspondencia demuestra que no tuvo intensión de establecer un acuerdo o juicio con los tribunales bolivianos ni de cancelar ningún centavo más de lo establecido por el tratado de 1874 (Cfr. Ardiles, 2013: 143).
Junto a él, los accionistas de su compañía constituyeron un poderoso grupo de presión que actuó en forma conjunta en el Congreso, en el gobierno y en los diarios nacionales (Cfr. Ortega, 2005).
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Martín Lanza, comunicó oficialmente a mediados de diciembre de 1878, que su gobierno ha ordenado a las autoridades del litoral hacer cumplir la ley.
Hicks se negó nuevamente a pagar. El prefecto de Cobija ordenó su arresto y el embargo de los bienes de la compañía el 14 de febrero, según consta en un Decreto del 11 de enero de 1879 (Bermudez, 1963: 383 y 384).
Dos días antes había atracado en Antofagasta el Blanco Encalada, la nave más poderosa de la flota de guerra chilena.
En febrero, Hicks dijo: "conociendo un poco a los chilenos, resultaba necesario resaltar, con toda nuestras fuerzas, los ataques bolivianos a nuestros derechos y sobre el Tratado (...) [Pensaba que Chile] no debería vacilar en recuperar este territorio; aprovechar la oportunidad para liberar la costa del pacífico de esta plaga de bolivianos" (Ardiles, 2013: 145).
A esa altura, las relaciones diplomáticas entre ambos países no existían. El gobierno chileno pedía la anulación de la ley de febrero de 1874 y el levantamiento del embargo, en tanto que Bolivia insistía en el retiro de las fuerzas navales de su litoral.
La decisión de ocupar Antofagasta se planificó para el 14 de febrero, el mismo día en que debían ser rematados los bienes de la compañía.
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